El presidente del Bloque de Prensa Digital de Venezuela afirmó que el presidente Hugo Chávez no tiene razón cuando dice que “Internet no puede ser una cosa libre dónde se haga y se diga lo que sea y que cada país tiene que poner sus reglas”, porque ya esas reglas existen en Venezuela. Vladimir Gessen aseveró que la Constitución venezolana indica que todo ciudadano tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por cualquier forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Ahora bien, continúa Gessen, quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. La Carta Magna también advierte que no se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. El gobierno tiene los mecanismos para determinar quién o quiénes son las personas que cometen los delitos. Los medios abiertos como las redes sociales o los sitios de Internet que tienen acceso el público, muchos internautas escriben y dicen lo que quieren. Los organismos de inteligencia pueden determinar la procedencia específica y sancionar a los culpables de algún delito. Pero, el gobierno no puede culpar al medio. Es como cuando una protesta...
Es como cuando una protesta, por ejemplo, un cacerolazo, lo vemos por televisión. El responsable de la demostración de desagrado es cada persona que golpea la olla, no puede ser el medio que lo transmite
Gessen explica que donde sí tiene la razón el presidente es cuando dice que en los medios de Internet hay quien asuma la responsabilidad de lo publicado. Generalmente es la misma persona que hace el comentario. Los sitios en la red además tienen a su editor, director o webmaster que responde por el medio informativo.
Por otra parte, la misma Constitución, las leyes y el Código Penal venezolano protegen igualmente a terceros si la información los perjudica o les provoca un daño, sea individual o colectivo a la sociedad. La norma señala que todo ciudadano tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, así como el derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito.
El Código Penal, informa Gessen, le dedica el Capítulo VII a los delitos de difamación y de injuria, de manera que cualquier ciudadano afectado puede acudir a los tribunales.
Y existe todo un articulado que define y sanciona delitos que van desde los que excitan a la guerra civil, exponen o incitan a la devastación o al saqueo, hasta a quienes por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos o panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, con penas que pueden llegar a prisión de dos a cinco años.
De manera que no hace falta establecer nuevas normas: éstas ya existen.
Cerrar o sancionar a un medio de Internet porque alguno de sus usuarios cometa algún delito sería un grave error del gobierno, porque se presta para que se piense que factores anónimos del oficialismo monten una “operación” para comenzar a publicar noticias “indebidas” o falsas y después castigar al medio.
Además terminarían prohibiendo hasta Twitter, Facebook, entre otras redes sociales de Internet. Es decir negando al propio medio de expresión.
El Bloque de Prensa Digital de Venezuela es un mecanismo que podría permitir una mediación entre las partes para buscar los mecanismos más idóneos para evitar los delitos por un lado y la censura por el otro.
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